México D.F, 10 al 12 de junio de 2004 

PROYECTO

"CONSENSO DE MÉXICO"  

Los gobiernos de los países participantes en la novena Conferencia Regional de la Mujer de
América Latina y el Caribe,

Reunidos en Ciudad de México del 10 al 12 de junio de 2004,

Recordando que el próximo año se cumplen tres décadas desde la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (primera Conferencia Mundial), celebrada en México en 1975, una década de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y cinco años del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado "La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI", de la Cumbre del Milenio y de la octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,

Teniendo en cuenta que durante la octava Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en Lima, Perú, en febrero de 2000, se acordó extender más allá del año 2001 la vigencia del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe,

Teniendo presente que la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y que su Mesa Directiva en su trigésima quinta reunión acordó que la novena Conferencia se concentraría en el examen de la implementación y el cumplimiento de los acuerdos internacionales y regionales y que en dicha reunión se analizarían dos temas de importancia estratégica para la región: i) pobreza, autonomía económica y equidad de género y ii) empoderamiento, participación política y desarrollo institucional,

Reconociendo la contribución del movimiento de mujeres, en todas sus expresiones, al desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género en la región, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, y en particular al desarrollo de mecanismos para el adelanto de las mujeres a nivel internacional, regional y nacional,

Destacando la significativa contribución de las mujeres a la disminución de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, la igualdad de género, la justicia social y el desarrollo en los países de la región,

Expresando su inquietud por los efectos sociales negativos de las políticas de ajuste estructural y, bajo ciertas circunstancias, la apertura comercial, uno de cuyos aspectos es la fragmentación de las políticas sociales, y por la pesada carga del servicio de la deuda externa,

Reconociendo que la globalización tiene beneficios y costos que no se distribuyen de forma equitativa, tanto entre los países como a su interior, y que a los países en desarrollo les resulta particularmente difícil responder a este reto,

Reconociendo los avances logrados en los ámbitos legislativo, educativo, de la salud, del trabajo, de la lucha contra la violencia, del desarrollo sostenible y del diseño de políticas públicas con equidad de género,

Reconociendo también que esos avances son insuficientes y que aún se enfrentan múltiples obstáculos, por lo que se requiere redoblar los esfuerzos y los recursos disponibles, a fin de alcanzar las metas y los objetivos compartidos,

Reconociendo asimismo la importancia de promover y fortalecer medidas de acción afirmativa que favorezcan el acceso a recursos y el empoderamiento de las habitantes de las áreas rurales, las indígenas, las afrodescendientes, las jóvenes y las mujeres de la tercera edad,

Deplorando las diversas formas de violencia y sus manifestaciones que afectan a las mujeres y a las niñas, los niños y los adolescentes de la región,

Reconociendo la magnitud del fenómeno migratorio en la región y la necesidad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las y los migrantes, junto con reconocer las remesas como una fuente importante de divisas para sus países de origen, así como su aportación positiva a las sociedades que los reciben,

1.                   Acogemos con beneplácito el documento elaborado por la Secretaría, titulado "Caminos hacia la equidad de género en América Latina y el Caribe", y reconocemos que refleja un enfoque compartido por los gobiernos de América Latina y el Caribe luego del correspondiente proceso de consultas con representantes de los Estados miembros participantes en la Conferencia, que incluyó cinco reuniones subregionales, dos de ellas a través del uso de tecnologías de comunicación;

2.                   Reafirmamos los acuerdos de las tres reuniones subregionales preparatorias de la novena Conferencia para el Caribe, Centroamérica y México y América del Sur, celebradas respectivamente en San Vicente y las Granadinas, Honduras y Brasil como contribución a esta Conferencia;

3.                   Reafirmamos también nuestro compromiso con los objetivos de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), el Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 2001) y la Declaración del Milenio (Nueva York, 2000) adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas; y con todos los acuerdos posteriores en los que se reafirma la adhesión de los gobiernos a esta agenda internacional;[1]

4.                   Reiteramos que la plena y eficaz implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, el Plan de Acción de la CARICOM y los compromisos enunciados en el párrafo anterior es una contribución esencial para el logro de los objetivos de desarrollo que figuran en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas;

5.                   Tomamos nota con satisfacción que la mayoría de las delegaciones nacionales acreditadas ante esta novena Conferencia cuentan con representantes de la sociedad civil y parlamentarias, de conformidad con lo acordado en la trigésima quinta reunión de la Mesa Directiva;

6.                   Los gobiernos de los países participantes en la novena Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe reafirmamos nuestra decisión de hacer lo siguiente:

i)                                             Adoptar medidas, en todas las esferas y en particular las de los ámbitos político, social, económico y cultural, incluidas medidas legislativas y reformas institucionales, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres de todas las edades, con el objetivo de garantizarles el acceso a la justicia y el ejercicio y goce de todos los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres;

ii)                                           Realizar esfuerzos por incorporar la perspectiva de género, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas mediante la aplicación de instrumentos de seguimiento y evaluación, garantizando la transparencia en la gestión pública, con el fin de institucionalizar la rendición de cuentas y la difusión de información sobre el progreso en el cumplimiento de las metas y la real participación ciudadana de las mujeres;

iii)                                          Asegurar la plena inclusión d e la perspectiva de género, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, en el diseño y la ejecución de los planes nacionales de desarrollo, y de las políticas y los programas públicos en todos los ámbitos de la acción del Estado, así como en los presupuestos destinados a financiarlos;

iv)                                          Diseñar e implementar políticas públicas que ayuden a superar las condiciones de pobreza que afectan a las mujeres de la región, en especial de los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, en las que se reconozca el impacto diferenciado que tiene en hombres y mujeres la desigual distribución de beneficios y costos de la globalización;

v)                                            Adoptar políticas proactivas que promuevan la creación de empleos, incluyendo acciones afirmativas que aseguren igualdad de condiciones en el mercado laboral entre mujeres y hombres, y fortalezcan la capacidad emprendedora de las mujeres y se asegure el pleno respeto de sus derechos laborales a individuales, así como también su acceso equitativo a los beneficios de la protección social;

vi)                                          Reconocer el valor económico del trabajo doméstico y productivo no remunerado, procurar protección y apoyo para las mujeres que trabajan en el sector informal, particularmente en relación con los servicios de cuidado de niños y niñas y personas adultas mayores, e implementar políticas que permitan conciliar la vida familiar y laboral, involucrando a hombres y mujeres en este proceso;

vii)                                         Alentar a los Estados a integrar consideraciones sobre el impacto de género, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional en el desarrollo de políticas nacionales y la formulación de posiciones relacionadas con las negociaciones de acuerdos comerciales bilaterales y regionales, así como a incluir la equidad e igualdad de género, como tema prioritario en las estrategias de desarrollo de la capacidad comercial en los planos nacional y regional;

viii)                                       Revisar y examinar las políticas y la legislación, a fin de fortalecer la obligatoriedad del pago de la asistencia económica de niños, niñas, adolescentes y otros dependientes, así como instar a los Estados a convenir tratados para la persecución y/o el cobro de las obligaciones a los evasores;

ix)                                         Impulsar políticas educativas que respondan a las necesidades del desarrollo de los países, favoreciendo la educación de todas las mujeres y su acceso a las actividades económicas, tecnológicas y científicas que contribuyen a su inserción equitativa en un mundo globalizado;

x)                                           Fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres e impulsar amplios programas de concientización en todos los niveles de la enseñanza. También incorporar la educación en derechos humanos con perspectiva de género, raza y etnia en todos los niveles de la enseñanza;

xi)                                         Revisar e implementar la legislación que garantice el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso sin discriminación a  los servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva de conformidad con el Consenso de Lima;

xii)                                        Fortalecer los esfuerzos de prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH/SIDA, salvaguardando los derechos de todas las mujeres y las niñas que viven con el virus, y garantizar el acceso, sin discriminación, a información, atención, educación y servicios de prevención del VIH/SIDA;

xiii)                                      Reforzar la plena participación de las mujeres en la preservación y el manejo del medio ambiente para lograr el desarrollo sostenible;

xiv)                                       Adoptar medidas para promover y proteger los derechos humanos de los y las migrantes, de conformidad con los preceptos constitucionales y los instrumentos internacionales vigentes;

xv)                                        Adoptar las medidas integrales que sean necesarias para eliminar todas las formas de violencia y sus manifestaciones contra todas las mujeres, incluidas la violencia familiar, el abuso y acoso sexual, el incesto, la explotación sexual y el tráfico y trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, los asesinatos y las violaciones sistemáticas, y la violencia en situaciones de conflicto armado, entre otras, así como eliminar las medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas;

xvi)                                       Promover el acceso de todas las mujeres a las tecnologías de la información y la comunicación con miras tanto a erradicar la pobreza como a promover el desarrollo;

xvii)                                     Profundizar el desarrollo de un sistema de información basado en estadísticas desagregadas por sexo para incorporar efectivamente la perspectiva de género, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, en todos los programas y políticas de gobierno, otorgando particular atención a la pobreza, el trabajo no remunerado, el uso del tiempo, la violencia de género y la migración internacional;

xviii)                                    Diseñar y revisar las leyes, a fin de asegurar que, allí donde exista el derecho a la posesión privada de tierras y de propiedades, se reconozca a las mujeres plenos e iguales derechos a poseer tierras y otras propiedades, incluso en virtud del derecho a heredar, y mediante la realización de las reformas administrativas y la adopción de las demás medidas necesarias para otorgar a las mujeres los mismos derechos que los hombres al crédito, el capital, la tecnología apropiada y el acceso a los mercados y la información;

xix)                                      Garantizar a los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer los recursos financieros y humanos, y reforzar su capacidad política y la consolidación de su rango institucional al más alto nivel, a fin de que puedan cumplir sus mandatos con eficacia y eficiencia;

xx)                                       Estrechar la colaboración entre los mecanismos nacionales para la mujer, los organismos regionales e internacionales;

xxi)                                      Promover la participación plena e igualitaria de hombres y mujeres en todos los niveles de toma de decisiones en el Estado, la sociedad y el mercado y fomentar la participación de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones d e mujeres en los procesos de adopción de decisiones en los ámbitos local, nacional, regional y global a fin de avanzar en la construcción y ejercicio de la ciudadanía plena de todas las mujeres de la región;

xxii)                                    Desarrollar instrumentos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas con el fin de incorporar una perspectiva de género, tomando en cuenta la diversidad étnico-racial y generacional, en todas las acciones del Estado;

xxiii)                                   Invitar a los parlamentos de la región a que revisen sus legislaciones, a fin de armonizarlas con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y de no discriminación de las mujeres, niños, niñas y adolescentes;

xxiv)                                   Exhortar a los gobiernos que aún no lo han hecho a considerar la ratificación y aplicación efectiva de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo facultativo, así como de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la adopción de un mecanismo efectivo para la aplicación y seguimiento de esta última por los Estados parte;

xxv)                                     Promover la cooperación internacional en apoyo a las actividades de los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres destinadas a la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing e instar a los organismos y las organizaciones especializadas de las Naciones Unidas a que, de conformidad con sus mandatos, sigan apoyando los esfuerzos nacionales en pro de la igualdad de derechos y la creación de  oportunidades para las mujeres en la región, a través de programas de cooperación, estudios y análisis, entre otros;

7.                   Acogemos con beneplácito la agenda de investigación que figura en el documento "Caminos hacia la equidad de género en América Latina y el Caribe" y solicitamos a la Secretaría de la CEPAL que, en c elaboración con gobiernos de la región y otros organismos internacionales, realice las tareas que fueren necesarias para su cumplimiento;

8.                   Declaramos que el Consenso de México constituye la contribución regional a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su cuadragésimo noveno periodo de sesiones, previsto para marzo del 2005;

9.                   Solicitamos a la Presidencia que someta a la consideración de la CEPAL, en su trigésimo período de sesiones, previsto para junio-julio del 2004 el presente Consenso;

10.               Agradecemos al pueblo y al Gobierno de México las facilidades otorgadas para la realización de esta Conferencia y su calurosa hospitalidad.