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Algunas verdades
La globalización de
los procesos de integración regional y la apetura del comercio
internacional han modificado profundamente la vida de los pueblos de México
y MERCOSUR. Las mujeres, insertas a partir de una situación de
desigualdad, están siendo fuertemente afectadas, al verse más sujetas
a la subordinación en los mercados laborales y al rol de simples
proveedoras de trabajo doméstico no remunerado. Vivimos una época de
profundas transformaciones de todo orden. Estos cambios pueden
significar obstáculos y dificultades para las mujeres, pero también
pueden transformarse en oportunidades y beneficios. Creemos que la
incorporación de una perspectiva de género permitirá que los procesos
de integración y formulación de los acuerdos comerciales puedan ser
aprovechados como espacios de diálogo efectivos hacia un cambio social
que beneficie a todos y a todas y en el que la sociedad civil aporte
desde su gran diversidad y riqueza propositiva.
Las siguientes
recomendaciones comprenden también los resultados de la “Consulta
Nacional para la Inclusión de la Perspectiva de Género en los Acuerdos
Comerciales” llevada a cabo en la Ciudad de México los días 26 y
27 de octubre de 2000 y la “Consulta Regional MERCOSUR”,
realizada en Río de Janeiro entre el 30 de noviembre y el 1 de
Diciembre de 2000.
Ante la persistencia
de las desigualdades de género en México y MERCOSUR, recomendamos:
1. Coherencia
de la Unión Europea entre sus políticas de igualdad de oportunidades y
de comercio exterior y de cooperación al desarrollo.
La
política comercial exterior de la Unión Europea debe ser coherente, en
la teoría y la práctica, con los principios de igualdad que promueve
tanto en los compromisos internacionales firmados como en los
instrumentos internos implementados. Hasta ahora, la UE se ha mostrado,
en teoría, a favor del desarrollo sostenible. La práctica nos muestra
que, por el contrario, los acuerdos comerciales que firma con otros países
están en contradicción con la teoría: ¿Cómo puede esperarse que los
países involucrados en los Acuerdos abran sus mercados agrícolas
mientras que la Unión Europea protege y subsidia el suyo?
2.
Dar
contenido a las cláusulas democráticas a través del monitoreo de los
derechos sociales, culturales, políticos, laborales, especialmente de
las mujeres.
Aunque
la Cláusula Democrática forma parte tanto del TLCUEM9
como del Acuerdo Marco con el MERCOSUR ( Art.1), en su forma
actual, no tiene mecanismos ni instrumentos que vigilen su cumplimiento.
Uno de estos mecanismos debe ser la participación de la sociedad civil
- incluyendo a entidades de mujeres - en una comisión que elabore un
informe anual y dé seguimiento a estos temas.
3. Implementar
mecanismos de corresponsabilidad por parte de las empresas, para que los
códigos de conducta sean obligatorios. Al mismo tiempo, recomendamos
promover que las organizaciones de mujeres participen de estos
mecanismos y los supervisen.
Los
acuerdos comerciales deben incorporar la protección de los derechos
laborales desde una perspectiva de género, no solamente por parte de
los gobiernos, sino de las empresas transnacionales. Estas deben
respetar los acuerdos internacionales firmados por los países en
materia de derechos laborales, para asegurar condiciones dignas de
trabajo. Además, es necesario implementar políticas afirmativas que
den acceso a mujeres a puestos no tradicionales (con el consiguiente
programa de capacitación), a servicios
públicos y al respeto del derecho laboral e ingresos justos.
4. Promover
procesos que democraticen los Acuerdos, facilitando la
transparencia de los mismos y la participación de la sociedad
civil con la incorporación de sus propuestas en todas las fases de la
negociación e implementación de los Acuerdos.
Para
las organizaciones de la sociedad civil de ambas regiones no ha sido
tarea fácil conseguir información sobre el Tratado de libre comercio
de América del Norte (TLCAN), el Tratado de libre comercio (TLCUEM)
entre la EU y México; el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación
entre Unión Europea (AMIC) y MERCOSUR. Además hay que destacar la
falta de consulta en los procesos de negociación a los sectores
sociales diversos pues solamente han sido consultados los sectores
empresariales. Pensamos que sólo con la participación de la sociedad
civil, incluida en toda su diversidad, los acuerdos comerciales dejarán
de ser rehenes de una elite económica y social y podrán reflejar las
necesidades reales de la población. La democratización de estos
procesos requiere de la apertura de espacios de negociación previa
entre los gobiernos participantes en el acuerdo comercial y la sociedad
civil de los países correspondientes. En ese sentido, señalamos la
importancia que la sociedad civil y las cámaras legislativas trabajen
de manera coordinada para influir en el proceso de negociación.
5. La
UE, México y MERCOSUR deben respetar los compromisos contraídos durante la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing en
1995) Beijing +5 (Nueva York, Junio del 2000).
La
Plataforma para la Acción debería ser un punto de partida y base para
las futuras relaciones comerciales entre la UE y Latinoamérica.
6. Se debe hacer hincapié en la relación
mutuamente fortalecedora entre desarrollo sostenible e igualdad de género.
7. La Unión Europea no debe ignorar la importancia
fundamental de la Resolución del Consejo de Ministros sobre género y
desarrollo de 1995.
El
cumplimiento de ésta debería servir de base y marco para documentos de
negociación ulteriores y para el nuevo acuerdo.
8. Los
contenidos de dicha Resolución deberían ser explicados en el texto
introductorio de los acuerdos comerciales y orientar las medidas y
recomendaciones en partes subsiguientes de los acuerdos.
9.
Reconocimiento con estatus consultivo a las organizaciones de
mujeres que defienden los derechos de las mujeres.
En
las negociaciones de los acuerdos, en las instancias donde se ratifican;
en las comisiones que vigilan el cumplimiento de los mismos (Secretarías
de trabajo, Foro Consultivo Económico y Social en MERCOSUR, las
comisiones de mujeres de las centrales sindicales y centrales de
trabajador@s rurales, etc.); en las negociaciones de las leyes que las
afectan (por ej. Ley Federal del Trabajo para México y laborales para
el MERCOSUR).
10. Incluir las cámaras legislativas, como las Comisiones de
Equidad y Género (de la Cámara
Alta y Baja) como participantes
en el proceso de información / negociación y respetando su potestad en
la revisión, sanción y modificación de los acuerdos.
Señalamos
a este respecto que en el caso de México, el poder legislativo ha sido
marginado en las negociaciones de los acuerdos comerciales; y en el caso
particular del TLCUEM, el Senado aprobó un texto sujeto a cambios.
Así también en el proceso de la Cumbre de 1999, los parlamentos
latinoamericanos ni siquiera fueron invitados a participar.
11. Garantizar un Mecanismo Institucional de Igualdad de
Oportunidades para incluir
en el organigrama de funcionamiento de las negociaciones de los acuerdos.
El
carácter y las modalidades precisan ser debatidos a partir de la
experiencia acumulada tanto en México como en MERCOSUR y especialmente en la constitución de
la Comunidad Económica Europea.
12. Mayor acceso a la información para facilitar una
participación real de la
sociedad civil en los acuerdos.
El
Artículo Octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos garantiza el derecho a la información; sin embargo no existen
los mecanismos para hacer realidad este derecho. Para el caso del
MERCOSUR no hay una
legislación para el bloque supranacional, sin embargo es
posible mencionar que para el caso de Argentina y Brasil, aún
cuando no está incluido en
la Carta Magna del país, sí está el derecho a la libertad de opinión
y de prensa para tod@s l@s ciudadan@s. Lo que no está establecido, es
el derecho ciudadano de solicitar y recibir información así como la
correspondiente obligación de las autoridades de brindar
información concerniente a los asuntos de interés público.
Por
derecho a la información nos referimos a la disponibilidad amplia de
información que permita conocer los efectos que los acuerdos tienen en
la vida de las mujeres. Por
ejemplo, el contar con estadísticas e indicadores desagregados por sexo
nos permite analizar el efecto de las políticas de comercio en las
mujeres, para poder generar propuestas para la incorporación de medidas
que las beneficien en futuros acuerdos.
13.
Cifras desagregadas por sexo.
La
poca disponibilidad de estadísticas desagregadas por sexo dificulta el
análisis de la situación diferenciada de mujeres y hombres en una
industria o sector particular. Por ejemplo, la ausencia de información
desagregada impide conocer fehacientemente las brechas de sueldos y
salarios entre mujeres y hombres, lo cual distorsiona los resultados de
cualquier tipo de análisis referente a la situación laboral de las
mujeres, particularmente en los sectores en que esto es menos evidente.
Un claro ejemplo lo constituye la maquila, donde la situación de las
trabajadoras agrícolas no es considerada en su integridad pues los
registros no incluyen el trabajo no remunerado, considerando que dos
terceras partes del mismo son realizadas por mujeres que a menudo son
jefas de hogar. Asimismo, las cifras con respecto a sueldos y salarios
aparecen sumadas y no permiten la comparación salarial entre mujeres y
hombres, lo cual distorsiona los resultados del análisis de la situación
de las mujeres trabajadoras en el sector. A esto hay que sumarle que la
mayoría de los casos de enfermedad se tratan dentro de la empresa lo
que significa que los datos nacionales sobre la salud y el trabajo no
son fidedignos. La creciente participación de las mujeres en la
agroindustria, en condiciones arduas y mal pagadas, evidencia la
urgencia de identificar los lugares específicos donde se ubican las
mujeres para diseñar políticas comerciales que las tomen en cuenta.
14. Indicadores de género.
La
creación de un sistema de indicadores de género permitiría tomar en
cuenta los distintos roles, responsabilidades y condiciones de mujeres y
hombres y también identificar cambios en la situación de las mujeres
como resultado de programas, proyectos o políticas. Existen algunas
iniciativas con respecto a indicadores de género; por ejemplo, en el ámbito
de la región latinoamericana, la CEPAL ha propuesto uno y en México,
la Comisión Nacional de la Mujer junto con otras instancias nacionales
e internacionales ha avanzado gracias al Sistema de Indicadores para el
Seguimiento de la Situación de la Mujer en México (SISESIM). Sin
embargo, hay pocos estudios del efecto de las políticas de comercio en
las mujeres. El proyecto del que este Documento es parte pretende
contribuir en este sentido.
15. Formación del funcionariado.
Aunque
la perspectiva de género se ha incorporado paulatinamente a los
programas gubernamentales y no gubernamentales en la región
latinoamericana, en muchos casos, esta perspectiva es aún abstracta y
ajena para la mayor parte del funcionariado. Esto dificulta su
incorporación. Es fundamental que el personal del gobierno,
particularmente de las Secretarías de Economía, de Comercio y de
Relaciones Exteriores, sean capacitados en la materia.
16. Auditorías de género previas a la firma de los acuerdos
comerciales.
El
acceso a la información y a las estadísticas desagregadas por sexo ha
mostrado en otros países que es posible prever el efecto de las políticas
en las mujeres. Un estudio de impacto con análisis de género permitiría
anticipar los efectos diferenciados e identificar los sectores económicos
que signifiquen verdaderas oportunidades de mejora en la calidad de vida
de las mujeres. La auditoría de género nos permitiría mostrar los
efectos de los Acuerdos en mujeres y hombres por sector. Ésta debe
incluir, además del aspecto laboral, otros aspectos, como la salud, la
seguridad alimentaria, el ocio y el trabajo reproductivo. Los resultados
de estas auditorías deben ser tomados en cuenta para proteger los
intereses de los países. Mencionamos algunas áreas de especial
preocupación para las mujeres.
a)
Respeto a la soberanía alimentaria
Todo
país tiene derecho a producir primero para el auto-sustento y luego
para el comercio. De la misma manera se debe respetar su derecho a una
alimentación según sus costumbres y tradiciones. A pesar del
crecimiento demográfico, el consumo per cápita de alimentos básicos
ha disminuido entre la población de menores ingresos. Las mujeres están
particularmente afectadas por su papel de proveedoras de alimento y
responsables de la salud de sus familias. Desde la perspectiva de género,
nuestro objetivo es contribuir al fortalecimiento de un comercio
solidario y respetuoso de los sectores productivos más vulnerables. El
concepto de soberanía alimentaria se inscribe en el marco de los
derechos y rechaza el dumping externo que perjudica los esfuerzos de las
mujeres trabajadoras (agricultoras, campesinas, trabajadoras temporales,
trabajadoras domésticas, pequeñas empresarias) en su (a veces) penoso
camino hacia la autosuficiencia. No queremos que los Acuerdos impliquen
un nuevo dumping para los mercados. La entrada masiva de importaciones
de granos básicos de los Estados Unidos de Norte América a México es
un ejemplo de la desigualdad entre países. En EEUU, la industria agrícola
está altamente subsidiada, permitiendo que se produzca a muy bajo
precio, mientras el sector campesino mexicano no es capaz de competir
con estas importaciones pues carecen del apoyo gubernamental. El
resultado ha sido, en el caso de México, la sustitución de la producción
nacional de maíz por la importada y el consiguiente aumento de la
pobreza. Este hecho nos lleva a preguntarnos cómo harán los países de
la UE para evitar los efectos desastrosos del dumping estadounidense en
los mercados de la región. El caso de los productos agropecuarios es
uno de los puntos más complicados en la concreción de los acuerdos.
b)
El desarrollo de la industria nacional y nuevas tecnologías.
Una
característica importante de la industrialización ha sido su
incapacidad de cubrir las necesidades generadas por la expansión
industrial, lo que ha requerido de un vínculo estrecho con empresas
extranjeras para los insumos y la transferencia de tecnología. Como
muestra, el caso de México y los países del MERCOSUR, reconociendo las
diferencias que los países del bloque presentan, la estrategia usada
por el gobierno para superar este problema ha sido aumentar la
productividad y competitividad del sector manufacturero a través del
fortalecimiento del vínculo entre las empresas nacionales y
transnacionales.Mientras que en México esto se evidencia en particular
a través de la maquila, en Brasil esta estrategia va creciendo en la
zona franca de Manaos, en la Amazonia brasileña. Los acuerdos
comerciales han fortalecido esta tendencia, con reglas de origen
regionales; es decir, las empresas que producen en México pueden usar
insumos de cualquier país signatario del acuerdo comercial sin tener
que usar insumos mexicanos. Esto ha favorecido el esquema maquiladora en
México y han debilitado la protección a la industria mexicana que
depende de insumos importados. El esquema de la maquila ha sido basado
en la explotación de la mano de obra barata, especialmente de mujeres.
En los países del MERCOSUR, el mayor problema es la precariedad en las
condiciones del empleo, salarios e ingresos de los sectores
trabajadores. Son ellos quienes han sufrido en mayor medida los efectos
de esta presión “flexibilizadora de los mercados” generada
por la mundialización de la economía. En el sector de la agroindustria
de lácteos y derivados, por ejemplo, es relevante mencionar que entre
1994 y 1997, 571 empresas cerraron, lo que representa la mitad de los
puestos de trabajo perdidos. Ese proceso de reducción en el número de
empresas incluye ramas que han logrado insertarse exitosamente en el
nuevo marco de competencia, como la láctea. Las ventas de la principal
empresa de ese sector aumentaron 29% entre 1990 y 1997, lapso en que se
redujo en 22% el personal fabril y en 21% el número de productores de
la misma (la gran mayoría de ellos pequeños).De qué manera los
acuerdos comerciales incluirán y tratarán la problemática de las
nuevas tecnologías, es uno de los puntos claves en la búsqueda de la
superación de la pobreza y al mismo tiempo de las desigualdades de género.
Un elemento fundamental en este sentido es la transferencia de tecnologías
y la forma en que estas puedan alcanzar a las mujeres.
c)
Los acuerdos de propiedad intelectual.
Un
aspecto que viene produciendo preocupación en general y en especial a
las mujeres, es la negociación de derechos de propiedad intelectual
sobre los productos derivados de la biodiversidad. En este sentido tanto
la producción de transgénicos (vegetales, animales o humanos) como el
patentamiento de procesos biológicos y genéticos relacionados con la
investigación en reproducción humana, están siendo definidos en los
acuerdos comerciales. Las consecuencias para la salud (caso de los
medicamentos genéricos), para la alimentación y la soberanía
alimentaria y para la autonomía de los productores agrícolas para
generar sus propias semillas, están en debate en uno de los tres grupos
de negociación actualmente existentes en las negociaciones U E /
MERCOSUR. Es necesario que se conozcan estos temas ya que sus efectos
han comenzado a ser sentidos en la producción agrícola de diversos países
del Sur .
17. Reconocer las asimetrías entre países y géneros para
reducir las brechas existentes, especialmente en aquellos sectores
importantes para las mujeres.
Los
acuerdos comerciales firmados por México y MERCOSUR no han reconocido
las desigualdades entre las partes, mucho menos entre los géneros. La
UE es el principal socio comercial de MERCOSUR, tanto en términos de
volumen de importaciones (33% de todas las importaciones del MERCOSUR en
1997) y de exportaciones (30% del total de exportaciones de la región
el mismo año). La inversión directa extranjera desde la UE hacia
MERCOSUR también ha aumentado considerablemente en los últimos años
(650 millones de USD en 1993 a 7,9 billones de USD en 1997). El interés
por invertir en la región ha crecido de manera significativa al
interior de la comunidad europea sobre todo en sectores como servicios y
agroindustria.Si a estas cifras de “dinamismo económico” se
agregara una voluntad política clara de hacer de la colaboración económica
un instrumento poderoso en la lucha contra la pobreza y la desigualdad,
el resultado sería otro. Lamentablemente, los acuerdos de libre
comercio no han significado una mejora en las condiciones de vida de la
ciudadanía, menos aún de las mujeres, especialmente si se añade el
problema de los programas de ajuste estructural y la creciente deuda
externa que agobia a las economías de los países MERCOSUR y México.
Problemas tales como cambios en los hábitos de consumo, cortes en el
gasto social y médico, migraciones a causa de los cambios de localización
de las fábricas han agregado una carga extra a las mujeres y a las
comunidades afectadas. En sus casi diez años de vida, el MERCOSUR se ha
transformado en el cuarto bloque comercial mundial y en el proceso más
exitoso de integración en América. Su producto interior bruto (PIB) es
superior a un billón de dólares, representa la mitad de la población
latinoamericana y un tercio de las transacciones comerciales de la región.
Según cifras de EUROSTAT, en 1997 un 52% de las exportaciones de la UE
para AL se destinaron a este mercado, desde el cual se originaron el 49%
de las importaciones de la UE procedentes de la región.
Desde
la perspectiva del MERCOSUR, por otra parte, la UE es actualmente el
mayor socio comercial, siendo el destino de un 23,1% de sus
exportaciones y el origen de un 26% de sus importaciones en 1998,
superando claramente a Estados Unidos, segundo socio comercial del
bloque. Sin embargo, la balanza comercial continúa favoreciendo a la
UE. Esto es debido al tipo de comercio y las restricciones que Europa
mantiene a la entrada de los productos agrícolas sudamericanos, que
siguen siendo la pauta básica de exportación del MERCOSUR.
Evidentemente, aquí se concentran las mayores dificultades para la
profundización de los acuerdos bi-regionales. Esto indica un primer
desequilibrio marcado por el peso relativo del comercio en cada
contexto. A ello se agrega la evidente asimetría en términos de “igualdad
de condiciones”; en los intercambios, dado el poco valor agregado
y la restringida gama de productos que logran ingresar a la UE.
18. Los Acuerdos deben contribuir a equiparar las condiciones
de trabajo a las de los países
desarrollados que invierten en México y MERCOSUR.
Una
de las ventajas comparativas de México y MERCOSUR respecto a sus socios
comerciales europeos reside en una oferta de mano de obra barata y en la
penalización de la sindicalización, que permitiría la defensa de los
derechos laborales. Por ejemplo, en 1997, mientras el costo por hora de
la mano de obra en Estados Unidos era de 17.20 dólares (US), la media
en la UE es de 12 dólares y en México tan sólo llegaba a $1.51 dólares
. La agroindustria de exportación también ha respondido a la demanda
con jornadas más intensas de trabajo y bajos salarios para competir en
el ámbito internacional. Junto con la alta oferta de trabajadoras y
trabajadores, esto ha contribuido al uso del contrato a destajo, que
implica largos horarios y gran inestabilidad económica.
En
los casos de reconversión industrial, caracterizada por una alta
incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, la tendencia a la
masculinización de puestos laborales ya ha sido observada en Argentina
y Brasil. Ello obedece al hecho que a medida en que el sector
empresarial adopta formas de organización del trabajo que requieren
polivalencia funcional de un determinado nivel técnico que las mujeres
no poseen, éstas pierden sus antiguas “ventajas comparativas” (o
sea la eficiencia y productividad en determinadas tareas manuales que
exigen precisión y destreza) y tienden a ser reemplazadas por los
hombres en las etapas más modernizadas del proceso productivo.
A
partir de los casos estudiados y comentados en el documento matriz, se
puede concluir que la revalorización de la mano de obra calificada ha
agudizado la segregación ocupacional de género así como la
vulnerabilidad de la mano de obra femenina al no ser mayormente
calificada.
En
consecuencia, la situación social y laboral de las mujeres no ha
mejorado de manera sustancial. Por el contrario, asistimos ahora a una
nueva forma de segregación que facilitará en ciertos casos la
capacitación de la mano de obra masculina para hacerla producir más y
a menor costo y limita las posibilidades laborales de las mujeres, al no
acceder a una capacitación que les permita competir en igualdad en el
mercado laboral nacional.
19. Las políticas y los acuerdos comerciales deben
inscribirse en el marco de los derechos.
Derechos
entendidos en su definición más amplia (económicos, sociales, políticos,
civiles, culturales) tal como han sido acordados en diferentes
conferencias y convenios internacionales, promovidos por la ONU y la
OIT. Ellos no deben ir en
contra de estos acuerdos internacionales sino, por el contrario, deben
tomar en cuenta el derecho de las personas a conseguir un mejor nivel de
vida a través del trabajo y visualizar el comercio como un medio y no
como un fin en sí mismo. Esta nueva concepción debe tener como
prioridad el desarrollo humano y la equidad de clase y de género.
20. NO a la continua violación de los derechos de las mujeres
trabajadoras.
Hasta
ahora, los acuerdos comerciales no han tomado en cuenta los derechos
económicos y sociales de las mujeres y los hombres. En el caso de México
y MERCOSUR, la violación de los derechos laborales es amplia,
particularmente para las mujeres, quienes se enfrentan a la discriminación
laboral, que limita sus posibilidades de acceder a empleos mejor pagados
y a la capacitación. La violación de los derechos de las mujeres
trabajadoras de las maquiladoras (pruebas de gravidez y acoso sexual) es
un hecho documentado en México.
21. Los Acuerdos deben servir para corregir las desigualdades
de todo orden, en especial las desigualdades de género.
Si
bien en el AMIC y MERCOSUR se menciona la conservación del
medioambiente y la promoción de los derechos sociales fundamentales, la
superación de las desigualdades de género es, no obstante, el gran
ausente. La Declaración de Río de Janeiro, firmada en la «Cumbre» de
Presidentes y Jefes de Estado de Europa y América Latina de junio de
1999, contiene una serie de referencias al respecto, en especial el artículo
15 que reafirma la plena igualdad de géneros como parte inalienable,
integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, y donde los gobiernos se comprometen a incorporar una
perspectiva de género en las políticas públicas de los países
respectivos.
22. Identificar los sectores económicos que signifiquen
oportunidades reales de progreso para las mujeres.
Las
asociaciones empresariales no asumen la existencia de una discriminación
de género, aún cuando en muchos casos se trata de una producción
dominada por la mano de obra femenina y por la presencia mayoritaria de
pequeñas empresarias. La producción industrial y ahora el comercio,
especialmente destinado al mercado externo, continúan siendo
consideradas o percibidas como actividades masculinas.
23. Fomentar el empresariado femenino que mantenga la
preocupación por la responsabilidad social y promueva el respeto de los
códigos de conducta y los derechos laborales.
24. Apoyar a entidades de mujeres que puedan incidir en las
asociaciones empresarias.
A
través de capacitaciones y de presión política para la incorporación
de la perspectiva de género en los proyectos y programas implementados.
Esto puede transformarse en una forma concreta de facilitar la presencia
de los intereses de las mujeres en los procesos productivos vinculados a
los acuerdos comerciales.
25. Diseñar políticas de apoyo a programas de capacitación
facilitando opciones de formación profesional para las mujeres en
diversos sectores de la producción.
26. Apoyo a líneas de crédito y financiamiento para
iniciativas productivas que promuevan un comercio justo y sean lideradas
por mujeres emprendedoras.
SEXO,
MENTIRAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
Patrocinado por la Unión
Europea y UNIFEM Brasil/Conosur, apoyado por la AFM y organizado por
CISCSA-GEM Argentina, GEM México y WIDE Europa, en el taller “Sexo,
mentiras y comercio internacional”, se presentó la versión sumaria
de la publicación: “Comercio Internacional y Desigualdades de Género.
Un Análisis de los Acuerdos Comerciales entre la Unión Europea y América
Latina: el caso de México y del MERCOSUR, ” resultado de un amplio
proyecto internacional, ejecutado por varias organizaciones no
gubernamentales de América Latina y de Europa.
De dicho documento, presentamos su conclusión y recomendaciones
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