SEXO, MENTIRAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
Esta publicación ha sido posible gracias al financiamiento de la Comisión Europea, Unifem Brasil y Fundación Redistribuir. Las opiniones expresadas en esta publicación son las de las beneficiarias de este proyecto y por lo tanto no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de los patrocinantes. PRESENTACIÓN DE LAS ONGs COORDINADORAS DE LOS PROYECTOS CISCSA-GEM, Argentina CISCSA se establece en Argentina en 1984 por iniciativa de la Asociación Latinoamericana del Hábitat. Desde su creación, un componente principal de los trabajos desarrollados por la institución son los temas de género y mujeres. La perspectiva de género está presente en todas las áreas temáticas de la organización. En 1986, se establece el Grupo de Estudios de Mujeres (GEM) el cual produce documentos y estudios a nivel regional, subregional y nacional, expandiendo de este modo capacidades analíticas, propositivas y de acción en el ámbito nacional y regional. CISCSA es una de las instituciones que participaron de la creación de ESIPP (Equipo de Seguimiento de Políticas Públicas) en Argentina. El compromiso de CISCSA-GEM apunta a fortalecer los procesos de capacitación, transferencia e investigación, a incrementar las capacidades de lobby, a la vez que a impactar en políticas públicas a través de diferentes campañas por los derechos de las mujeres. En esta línea, participa y apoya el desarrollo de redes nacionales, regionales e internacionales. Dirección: 9 de Julio 2482, Córdoba
X5003, Argentina GRUPO DE EDUCACIÓN POPULAR CON MUJERES – GEM, México El Grupo de Educación Popular con Mujeres (GEM) es una organización sin fines de lucro fundada en 1986. El objetivo principal de la misma es el de contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres. GEM ha participado de varias iniciativas relacionadas con los efectos de los tratados comerciales en las mujeres. Es parte del grupo "Los Ciudadanos Mexicanos y los Acuerdos de Libre Comercio con la Unión Europea", conformado en 1997 con el propósito de monitorear e influenciar las negociaciones en los acuerdos comerciales entre México y la Unión Europea. GEM estuvo a cargo del comité de género del grupo, el cual formuló propuestas para la incorporación de la perspectiva de género en los Acuerdos. Asimismo, GEM es miembro de la Red Internacional de Género y Comercio (International Gender and Trade Network – IGTN) constituida en 1999 y que tiene por objetivo la incorporación de la perspectiva de género dentro de las políticas de comercio a través de investigación, activismo y actividades de educación (capacitación). Esta Red hace hincapié principalmente en el Area de Libre Comercio de las Américas (Free Trade Area of the Americas – FTAA). Gem es responsable del área de alfabetización económica para la región de Latinoamérica. Dirección: Cerrada de Tochtli, Nº
10, Santo Domingo, RED EUROPEA DE MUJERES EN EL DESARROLLO – WIDE WIDE es una red europea de expertos/as en género y de mujeres de organizaciones no gubernamentales que trabajan temas de desarrollo y derechos humanos. WIDE se concentra principalmente en la lucha por alcanzar un mundo basado en la igualdad de género que garantice la equidad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades entre mujeres y hombres. WIDE viene trabajando los temas económicos desde una perspectiva de género desde hace varios años. Entre otros, ha re-examinado algunas de las cuestiones y premisas propuestas por el modelo económico neoliberal, y ha examinado de manera crítica conceptos tales como libre comercio, nuevos modelos de empleo, democracia económica, etc. WIDE también participa activamente en actividades de lobby a instituciones europeas y la Organización Mundial de Comercio en el marco de las alianzas con redes y organizaciones europeas e internacionales. WIDE es además miembro de la Red Internacional de Género y Comercio (International Gender and Trade Network – IGTN). Dirección: 70-72 Rue du Comerse
1040 Brussels, Belgium I. Introducción El presente documento, versión sumaria de la publicación «Comercio Internacional y Desigualdades de Género. Un análisis de los Acuerdos Comerciales entre la Unión Europea y América Latina: El caso de México y del Mercosur», es resultado de un amplio proyecto internacional, ejecutado por varias organizaciones no gubernamentales de América Latina y de Europa, que tiene como objetivo: A. Alertar sobre el impacto de los acuerdos y las políticas comerciales actuales y su relación con la creciente exclusión social de hombres y mujeres. B. Influir para que los acuerdos comerciales sean el reflejo de un compromiso para corregir la desigualdad de género existente en las regiones donde se inscriben tales Acuerdos. Intentamos aquí sintetizar recomendaciones a la Unión Europea, al gobierno Mexicano y a los gobiernos del MERCOSUR, emanadas de dos consultas organizadas en México y Río de Janeiro2 por las organizaciones involucradas en el proyecto y esperamos puedan ser asumidas y de utilidad para todas aquellas instituciones, responsables políticos y económicos, y toda persona involucrada o interesada en las actuales y futuras negociaciones en el ámbito de los Acuerdos Comerciales entre la UE y América Latina. Ante las crecientes desigualdades sociales, agudizadas, entre otras causas, por la desmesurada competitividad y la ausencia de una regulación justa de las relaciones comerciales y financieras, es urgente recordar que, como ha sido acordado en diferentes convenios internacionales, promovidos por la ONU y la OIT, los acuerdos comerciales deben inscribirse en el marco de los derechos en su definición más amplia (económicos, sociales, políticos, civiles y culturales), y ser el reflejo de políticas comerciales que apunten al bienestar de todos y no de una elite privilegiada, como testimonia el paisaje social de nuestros continentes. En este sentido, ningún acuerdo comercial puede ignorar la continua discriminación que sufren los sectores sociales más vulnerables, especialmente las mujeres, activas contribuyentes a las economías de México y MERCOSUR y grandes ausentes en las negociaciones y en los beneficios de tales acuerdos. Es por ello que nuestro análisis parte de la base que el papel de las mujeres en la sociedad, en el mercado y en el hogar está regido por una construcción social definida por aspectos culturales, institucionales, legales que siguen situándolas en un plano de subordinación con respecto a los hombres y con relación al mercado externo. Dado este estado de desequilibrio, y la consiguiente desigualdad social que provoca, nuestro objetivo es demandar la institucionalización de la igualdad de género en las relaciones y acuerdos comerciales, de tal manera que su incorporación en las prácticas comerciales entre la UE y Latinoamérica permita orientar las actividades económicas hacia un genuino desarrollo humano sostenible y equitativo. Los acuerdos comerciales entre la UE y México y la UE y el MERCOSUR tienen un impacto sostenido sobre la población de sus países. Preocupadas ante el hecho que muchas de estas transformaciones, al escapar del ámbito puramente comercial o financiero, no figuren en las estadísticas oficiales, queremos proponer aquí una lectura social de los acuerdos comerciales con especial énfasis en las consecuencias sufridas por las mujeres trabajadoras. En consecuencia, nuestro análisis de género deberá ser entendido como una herramienta política que facilite, tanto a nuestros países como a la UE, un marco para las relaciones comerciales centrado en lo humano. Conocer la relación entre las condiciones de vida de la población femenina y las transformaciones que la nueva arquitectura financiera provoca en éstas, proporcionará un cuadro más completo y comprensible de los complejos procesos sociales en los cuales los nuevos acuerdos se inscriben. Además, permitirá que nuestra sociedad civil enriquezca sus demandas y que el Estado reoriente sus políticas, de tal modo que garanticen una justa distribución de recursos, sendero clave hacia el gran camino de la equidad y uno de los más graves problemas en nuestros continentes. La enorme utilidad de indicadores y estadísticas desagregadas por género, cuya utilización y elaboración recomendamos vivamente promover, es que nos entregan información cuantificable y no cuantificable para interpretar procesos sociales que no son considerados por cifras macro-económicas. Asumiendo que cada cifra tiene su raíz cultural y una historia social, disponer de tales indicadores permitirá a todos los actores involucrados en las futuras negociaciones un mayor conocimiento de aquellos aspectos no comerciales que están estrechamente ligados a los acuerdos. En primer lugar podrán interiorizarse, por ejemplo, sobre la resistencia a un cambio de mentalidad, la persistente discriminación de la mujer trabajadora (tanto rural como urbana) y los aspectos que dificultan su plena participación en el mercado laboral. En segundo lugar, nos permitirán una mejor explicación de la conducta humana al evaluar fenómenos complejos como el comportamiento de hombres y mujeres ante la creciente competitividad. Las estadísticas desagregadas, por su parte, permiten la interpretación de datos sobre el impacto de la inversión extranjera directa en las condiciones laborales de las mujeres, quienes, ante la ausencia de un Estado regulador de su propia actividad comercial y financiera, sufren la explotación de multinacionales que aprovechan la ausencia de aplicación de la legislación laboral para producir al menor costo posible3 . II. Antecedentes Los países miembros de la UE han comprendido el importante rol político y económico del MERCOSUR y México en la región. Esto les ha llevado a desarrollar ambiciosos acuerdos de interés mutuo. Desde esta perspectiva, en 1994 el Consejo de Ministros de la UE aprobó una estrategia que destaca, entre otros, la importancia primordial del fomento del comercio y las inversiones en las relaciones con los países socios de América Latina y el Caribe. Esto permitiría generar las condiciones necesarias para el establecimiento de las áreas de libre comercio que se completarían con aspectos políticos. El aspecto más relevante de esta estrategia renovada ha sido la firma de los acuerdos "de cuarta generación"4 con México, Chile y MERCOSUR, suscritos entre 1995 y 19975 . Estos acuerdos pretenden establecer un nuevo modelo de "asociación" entre ambas regiones basado en el diálogo político, la cooperación económica "reforzada" y en la apertura de negociaciones para la liberalización progresiva y recíproca de los intercambios comerciales. A juzgar por todos los elementos formales de las negociaciones con MERCOSUR y México, se puede concluir que: hasta el momento, la cuestión de género no ha figurado en la agenda del proceso de negociaciones para una asociación interregional entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Valga mencionar también que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres forma parte de la Carta de Derechos Fundamentales (artículo 25) propuesta para el MERCOSUR en 1994, por la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS). En el caso de México, al no considerar los costos del trabajo reproductivo de las mujeres como costos sociales integrales sino como correspondientes a las mujeres, por ende a lo doméstico no remunerado, las políticas económicas y comerciales impiden que más de la mitad de la población contribuya a la economía con todas sus aptitudes y habilidades. Es obvio que tal modelo de crecimiento viola los derechos humanos de las mujeres mexicanas y genera una capacidad productiva sesgada, del país. ¿De qué manera un Acuerdo Comercial beneficia a las mujeres? Un aspecto importante en el proceso de fortalecimiento de las mujeres ha sido el avance en su capacidad organizativa para luchar contra la explotación y la discriminación en el lugar de trabajo y por una mayor visibilidad de su contribución a las economías de los países respectivos. Por ejemplo, el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva, logrados tras largas luchas sociales en las que la mujer trabajadora fue una actriz clave, es un instrumento indispensable pues garantiza la protección de sus derechos ante prácticas laborales explotadoras. Sin embargo, se teme que el énfasis que los actuales acuerdos comerciales han puesto en la competencia por los mercados financieros, de servicios, etc. y/o la competencia en actividades mercantiles con mayor rentabilidad con relación a la penetración del mercado latinoamericano ponga en riesgo la protección de estos derechos, especialmente ante el debilitamiento de los sindicatos. Debemos recordar que estos procesos de negociación se vienen dando en un marco de flexibilización del mercado de trabajo y de relajamiento de la legislación de protección laboral en el ámbito de la liberalización de los mercados. Un caso concreto lo representan las zonas francas (o maquiladoras) donde, con el fin de mantener los precios de exportación bajos o para atraer más inversión al sector productivo, se violan los derechos de las trabajadoras al imponerles largas jornadas de trabajo, bajos salarios y prácticas discriminatorias de diversa índole. Ante este panorama desolador e injusto, cabe preguntarse qué posibilidad real de realización profesional un acuerdo comercial ofrece a las mujeres y hasta qué punto contribuirá al desarrollo de sus potencialidades y conocimientos. Además, qué mecanismos de control para el respeto de los derechos laborales de las mujeres han contemplado los acuerdos para el futuro, dado que hasta ahora no se ha elaborado ninguno? ¿Cómo podemos estar seguros que en los próximos años, las mujeres activas no seguirán supeditadas a un orden económico que impere por sobre el social? Finalmente, ¿cómo conseguirán los gobiernos respectivos promover, a través de los Acuerdos, el progreso y bienestar de los trabajadores y las trabajadoras de la región si hasta ahora el comercio y el acceso a los mercados han sido considerados un fin en sí mismo?6 . En el ámbito de los derechos políticos, el análisis de un acuerdo comercial desde la perspectiva de género se interroga de qué manera han sido incorporadas las mujeres en el diseño del mismo y hasta qué punto se les facilitó la participación en el proceso de toma de decisión (a través de consultas por ejemplo). Como es sabido que las negociaciones han ignorado la voz de los Parlamentos y de la sociedad civil, con excepción del sector empresarial privado, nos preguntamos cómo se hará para corregir esta anomalía y permitir, en nuestro caso, el acceso de las mujeres a niveles de toma de decisiones en el ámbito de políticas regionales o nacionales. Nos parece que ésta sería una manera concreta de garantizar que los Acuerdos puedan, en el futuro, traducirse en algún beneficio, no solo para la mujer sino para la sociedad en su conjunto. Este documento asume que un acuerdo comercial debe contrarrestar los efectos negativos de la liberalización económica, sobre todo cuando las partes involucradas son firmantes de compromisos internacionales existentes en materia de derechos humanos. Producir para vender más no basta, cuando los beneficios de la actividad comercial no se quedan en las manos de quienes han trabajado para producir. ¿En qué medida un acuerdo comercial garantiza que ésto no se repita en el futuro? Pensamos que el gran desafío futuro para los gobiernos involucrados será mostrar la voluntad política de controlar el comercio y los flujos de capital y reducirlos a uno de los tantos aspectos que conforman el conjunto de relaciones entre países latinoamericanos y europeos. No se puede continuar firmando acuerdos en el vacío e ignorando la importancia de los intercambios, en el ámbito comercial y en otros como la AOD7 , las políticas agrícolas y los derechos de propiedad intelectual. Queremos enfatizar que la simple eliminación de barreras comerciales, con el fin de permitir un mayor intercambio sin la intervención de un Estado, y de políticas reguladoras, no producirá beneficios para los actores y actrices comerciales más vulnerables como las pequeñas productoras y empresarias, campesinas cultivadoras, trabajadoras de las maquiladoras, recolectoras temporales y otras. Esto es algo que los gobiernos responsables no deben olvidar.
III. Conclusión La globalización de los procesos de integración regional y la apertura del comercio internacional han modificado profundamente la vida de los pueblos de México y MERCOSUR. Las mujeres, insertas a partir de una situación de desigualdad, están siendo fuertemente afectadas, al verse más sujetas a la subordinación en los mercados laborales y al rol de simples proveedoras de trabajo doméstico no remunerado. Vivimos una época de profundas transformaciones de todo orden. Estos cambios pueden significar obstáculos y dificultades para las mujeres, pero también pueden transformarse en oportunidades y beneficios. Creemos que la incorporación de una perspectiva de género permitirá que los procesos de integración y formulación de los acuerdos comerciales puedan ser aprovechados como espacios de diálogo efectivos hacia un cambio social que beneficie a todos y a todas y en el que la sociedad civil aporte desde su gran diversidad y riqueza propositiva. VI. Recomendaciones de GEM-WIDE-CISCSA Las siguientes recomendaciones comprenden también los resultados de la "Consulta Nacional para la Inclusión de la Perspectiva de Género en los Acuerdos Comerciales" llevada a cabo en la Ciudad de México los días 26 y 27 de octubre de 2000 y la "Consulta Regional MERCOSUR", realizada en Río de Janeiro entre el 30 de noviembre y el 1 de Diciembre de 2000. 8 Ante la persistencia de las desigualdades de género en México y MERCOSUR, recomendamos:
La política comercial exterior de la Unión Europea debe ser coherente, en la teoría y la práctica, con los principios de igualdad que promueve tanto en los compromisos internacionales firmados como en los instrumentos internos implementados. Hasta ahora, la UE se ha mostrado, en teoría, a favor del desarrollo sostenible. La práctica nos muestra que, por el contrario, los acuerdos comerciales que firma con otros países están en contradicción con la teoría: ¿Cómo puede esperarse que los países involucrados en los Acuerdos abran sus mercados agrícolas mientras que la Unión Europea protege y subsidia el suyo?.
Aunque la Cláusula Democrática forma parte tanto del TLCUEM9 como del Acuerdo Marco con el MERCOSUR ( Art.1), en su forma actual, no tiene mecanismos ni instrumentos que vigilen su cumplimiento. Uno de estos mecanismos debe ser la participación de la sociedad civil - incluyendo a entidades de mujeres - en una comisión que elabore un informe anual y dé seguimiento a estos temas.
Los acuerdos comerciales deben incorporar la protección de los derechos laborales desde una perspectiva de género, no solamente por parte de los gobiernos, sino de las empresas transnacionales. Estas deben respetar los acuerdos internacionales firmados por los países en materia de derechos laborales, para asegurar condiciones dignas de trabajo. Además, es necesario implementar políticas afirmativas que den acceso a mujeres a puestos no tradicionales (con el consiguiente programa de capacitación), a servicios públicos y al respeto del derecho laboral e ingresos justos.
Para las organizaciones de la sociedad civil de ambas regiones no ha sido tarea fácil conseguir información sobre el Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN), el Tratado de libre comercio (TLCUEM ) entre la EU y México; el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre Unión Europea (AMIC) y MERCOSUR. Además hay que destacar la falta de consulta en los procesos de negociación a los sectores sociales diversos pues solamente han sido consultados los sectores empresariales. Pensamos que sólo con la participación de la sociedad civil, incluida en toda su diversidad, los acuerdos comerciales dejarán de ser rehenes de una elite económica y social y podrán reflejar las necesidades reales de la población. La democratización de estos procesos requiere de la apertura de espacios de negociación previa entre los gobiernos participantes en el acuerdo comercial y la sociedad civil de los países correspondientes. En ese sentido, señalamos la importancia que la sociedad civil y las cámaras legislativas trabajen de manera coordinada para influir en el proceso de negociación.
La Plataforma para la Acción debería ser un punto de partida y base para las futuras relaciones comerciales entre la UE y Latinoamérica.
Señalamos a este respecto que en el caso de México, el poder legislativo ha sido marginado en las negociaciones de los acuerdos comerciales; y en el caso particular del TLCUEM, el Senado aprobó un texto sujeto a cambios. Así también en el proceso de la Cumbre de 1999 , los parlamentos latinoamericanos ni siquiera fueron invitados a participar.
El carácter y las modalidades precisan ser debatidos a partir de la experiencia acumulada tanto en México como en MERCOSUR y especialmente en la constitución de la Comunidad Económica Europea.
El Artículo Octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la información; sin embargo no existen los mecanismos para hacer realidad este derecho. Para el caso del MERCOSUR no hay una legislación para el bloque supranacional, sin embargo es posible mencionar que para el caso de Argentina y Brasil, aún cuando no está incluido en la Carta Magna del país, sí está el derecho a la libertad de opinión y de prensa para tod@s l@s ciudadan@s. Lo que no está establecido, es el derecho ciudadano de solicitar y recibir información así como la correspondiente obligación de las autoridades de brindar información concerniente a los asuntos de interés público. Por derecho a la información nos referimos a la disponibilidad amplia de información que permita conocer los efectos que los acuerdos tienen en la vida de las mujeres. Por ejemplo, el contar con estadísticas e indicadores desagregados por sexo nos permite analizar el efecto de las políticas de comercio en las mujeres, para poder generar propuestas para la incorporación de medidas que las beneficien en futuros acuerdos.
La poca disponibilidad de estadísticas desagregadas por sexo dificulta el análisis de la situación diferenciada de mujeres y hombres en una industria o sector particular. Por ejemplo, la ausencia de información desagregada impide conocer fehacientemente las brechas de sueldos y salarios entre mujeres y hombres, lo cual distorsiona los resultados de cualquier tipo de análisis referente a la situación laboral de las mujeres, particularmente en los sectores en que esto es menos evidente. Un claro ejemplo lo constituye la maquila, donde la situación de las trabajadoras agrícolas no es considerada en su integridad pues los registros no incluyen el trabajo no remunerado, considerando que dos terceras partes del mismo son realizadas por mujeres que a menudo son jefas de hogar. Asimismo, las cifras con respecto a sueldos y salarios aparecen sumadas y no permiten la comparación salarial entre mujeres y hombres, lo cual distorsiona los resultados del análisis de la situación de las mujeres trabajadoras en el sector. A esto hay que sumarle que la mayoría de los casos de enfermedad se tratan dentro de la empresa lo que significa que los datos nacionales sobre la salud y el trabajo no son fidedignos. La creciente participación de las mujeres en la agroindustria, en condiciones arduas y mal pagadas, evidencia la urgencia de identificar los lugares específicos dónde se ubican las mujeres para diseñar políticas comerciales que las tomen en cuenta.
La creación de un sistema de indicadores de género permitiría tomar en cuenta los distintos roles, responsabilidades y condiciones de mujeres y hombres y también identificar cambios en la situación de las mujeres como resultado de programas, proyectos o políticas. Existen algunas iniciativas con respecto a indicadores de género; por ejemplo, en el ámbito de la región latinoamericana, la CEPAL ha propuesto uno y en México, la Comisión Nacional de la Mujer junto con otras instancias nacionales e internacionales ha avanzado gracias al Sistema de Indicadores para el Seguimiento de la Situación de la Mujer en México (SISESIM). Sin embargo, hay pocos estudios del efecto de las políticas de comercio en las mujeres. El proyecto del que este Documento es parte pretende contribuir en este sentido.
Aunque la perspectiva de género se ha incorporado paulatinamente a los programas gubernamentales y no gubernamentales en la región latinoamericana, en muchos casos, esta perspectiva es aún abstracta y ajena para la mayor parte del funcionariado. Esto dificulta la incorporación de la perspectiva de género. Es fundamental que el personal del gobierno, particularmente de las Secretarías de Economía, de Comercio y de Relaciones Exteriores, sean capacitados en la materia.
El acceso a la información y a las estadísticas desagregadas por sexo han mostrado en otros países que es posible prever el efecto de las políticas en las mujeres. Un estudio de impacto con análisis de género permitiría anticipar los efectos diferenciados e identificar los sectores económicos que signifiquen verdaderas oportunidades de mejora en la calidad de vida de las mujeres. La auditoría de género nos permitiría mostrar los efectos de los Acuerdos en mujeres y hombres por sector. Ésta debe incluir, además del aspecto laboral, otros aspectos, como la salud, la seguridad alimentaria, el ocio y el trabajo reproductivo. Los resultados de estas auditorías deben ser tomados en cuenta para proteger los intereses de los países. Mencionamos algunas áreas de especial preocupación para las mujeres. a) Respeto a la soberanía alimentaria Todo país tiene derecho a producir primero para el auto-sustento y luego para el comercio. De la misma manera se debe respetar su derecho a una alimentación según sus costumbres y tradiciones. A pesar del crecimiento demográfico, el consumo per capita de alimentos básicos ha disminuido entre la población de menores ingresos. Las mujeres están particularmente afectadas por su papel de proveedoras de alimento y responsables de la salud de sus familias. Desde la perspectiva de género, nuestro objetivo es contribuir al fortalecimiento de un comercio solidario y respetuoso de los sectores productivos más vulnerables. El concepto de soberanía alimentaria se inscribe en el marco de los derechos y rechaza el dumping externo que perjudica los esfuerzos de las mujeres trabajadoras (agricultoras, campesinas, trabajadoras temporales, trabajadoras domésticas, pequeñas empresarias) en su (a veces) penoso camino hacia la autosuficiencia. No queremos que los Acuerdos impliquen un nuevo dumping para los mercados. La entrada masiva de importaciones de granos básicos de los Estados Unidos de Norte América a México es un ejemplo de la desigualdad entre países. En EEUU, la industria agrícola está altamente subsidiada, permitiendo que se produzca a muy bajo precio, mientras el sector campesino mexicano no es capaz de competir con estas importaciones pues carecen del apoyo gubernamental. El resultado ha sido, en el caso de México, la sustitución de la producción nacional de maíz por la importada y el consiguiente aumento de la pobreza. Este hecho nos lleva a preguntarnos cómo harán los paises de la UE para evitar los efectos desastrosos del dumping estadounidense en los mercados de la región. El caso de los productos agropecuarios es uno de los puntos álgidos en la concreción de los acuerdos. b) El desarrollo de la industria nacional y nuevas tecnologías. Una característica importante de la industrialización ha sido su incapacidad de cubrir las necesidades generadas por la expansión industrial, lo que ha requerido de un vínculo estrecho con empresas extranjeras para los insumos y la transferencia de tecnología. Como muestra el caso de México, y los países del MERCOSUR, reconociendo las diferencias que los países del bloque presentan, la estrategia usada por el gobierno para superar este problema ha sido aumentar la productividad y competitividad del sector manufacturero a través del fortalecimiento del vínculo entre las empresas nacionales y transnacionales. Mientras que en México esto se evidencia en particular a través de la maquila, en Brasil esta estrategia va creciendo en la zona franca de Manaos, en la Amazonía brasileña. Los acuerdos comerciales han fortalecido esta tendencia, con reglas de origen regionales; es decir, las empresas que producen en México pueden usar insumos de cualquier país signatario del acuerdo comercial sin tener que usar insumos mexicanos. Esto ha favorecido el esquema maquiladora en México y han debilitado la protección a la industria mexicana que depende de insumos importados. El esquema de la maquila ha sido basado en la explotación de la mano de obra barata, especialmente de mujeres. En los países del MERCOSUR, el mayor problema es la precariedad en las condiciones del empleo, salarios e ingresos de los sectores trabajadores. Son ellos quienes han sufrido en mayor medida los efectos de esta presión "flexibilizadora de los mercados" generada por la mundialización de la economía. En el sector de la agroindustria de lácteos y derivados, por ejemplo, es relevante mencionar que entre 1994 y 1997, 571 empresas cerraron, lo que representa la mitad de los puestos de trabajo perdidos10 . Ese proceso de reducción en el número de empresas incluye ramas que han logrado insertarse exitosamente en el nuevo marco de competencia, como la láctea. Las ventas de la principal empresa de ese sector aumentaron 29% entre 1990 y 1997, lapso en que se redujo en 22% el personal fabril y en 21% el número de productores de la misma (la gran mayoría de ellos pequeños). De qué manera los acuerdos comerciales incluirán y tratarán la problemática de las nuevas tecnologías, es uno de los puntos claves en la búsqueda de la superación de la pobreza y al mismo tiempo de las desigualdades de género. Un elemento fundamental en este sentido es la transferencia de tecnologías y la forma en que estas puedan alcanzar a las mujeres. c) Los acuerdos de propiedad intelectual: Un aspecto que viene produciendo preocupación en general y en especial a las mujeres, es la negociación de derechos de propiedad intelectual sobre los productos derivados de la biodiversidad. En este sentido tanto la producción de transgénicos (vegetales, animales o humanos) como el patentamiento de procesos biológicos y genéticos relacionados con la investigación en reproducción humana, están siendo definidos en los acuerdos comerciales . Las consecuencias para la salud (caso de los medicamentos genéricos), para la alimentación y la soberanía alimentaria y para la autonomía de los productores agrícolas para generar sus propias semillas, están en debate en uno de los tres grupos de negociación actualmente existentes en las negociaciones U E / MERCOSUR. Es necesario que se conozcan estos temas ya que sus efectos han comenzado a ser sentidos en la producción agrícola de diversos países del Sur .
Los acuerdos comerciales firmados por México y MERCOSUR no han reconocido las desigualdades entre las partes, mucho menos entre los géneros. La UE es el principal socio comercial de MERCOSUR, tanto en términos de volumen de importaciones (33% de todas las importaciones del MERCOSUR en 1997) y de exportaciones (30% del total de exportaciones de la región el mismo año). La inversión directa extranjera desde la UE hacia MERCOSUR también ha aumentado considerablemente en los últimos años (650 millones de USD en 1993 a 7,9 billones de USD en 1997). El interés por invertir en la región ha crecido de manera significativa al interior de la comunidad europea sobre todo en sectores como servicios y agroindustria. Si a estas cifras de "dinamismo económico" se agregara una voluntad política clara de hacer de la colaboración económica un instrumento poderoso en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, el resultado sería otro. Lamentablemente, los acuerdos de libre comercio no han significado una mejora en las condiciones de vida de la ciudadanía, menos aún de las mujeres, especialmente si se añade el problema de los programas de ajuste estructural y la creciente deuda externa que agobia a las economías de los países MERCOSUR y México. Problemas tales como cambios en los hábitos de consumo, cortes en el gasto social y médico, migraciones a causa de los cambios de localización de las fábricas han agregado una carga extra a las mujeres y a las comunidades afectadas. En sus casi diez años de vida, el MERCOSUR se ha transformado en el cuarto bloque comercial mundial y en el proceso más exitoso de integración en América. Su producto interior bruto (PIB) es superior a un billón de dólares, representa la mitad de la población latinoamericana y un tercio de las transacciones comerciales de la región. Según cifras de EUROSTAT, en 1997 un 52% de las exportaciones de la UE para AL se destinaron a este mercado, desde el cual se originaron el 49% de las importaciones de la UE procedentes de la región. Desde la perspectiva del MERCOSUR, por otra parte, la UE es actualmente el mayor socio comercial, siendo el destino de un 23,1% de sus exportaciones y el origen de un 26% de sus importaciones en 1998, superando claramente a Estados Unidos, segundo socio comercial del bloque" Sin embargo, la balanza comercial continúa favoreciendo a la UE. Esto es debido al tipo de comercio y las restricciones que Europa mantiene a la entrada de los productos agrícolas sudamericanos, que siguen siendo la pauta básica de exportación del MERCOSUR. Evidentemente, aquí se concentran las mayores dificultades para la profundización de los acuerdos bi-regionales. Esto indica un primer desequilibrio marcado por el peso relativo del comercio en cada contexto. A ello se agrega la evidente asimetría en términos de ‘igualdad de condiciones’ en los intercambios, dado el poco valor agregado y la restringida gama de productos que logran ingresar a la UE. 11 17. Los Acuerdos deben contribuir a equiparar las condiciones de trabajo a las de los países desarrollados que invierten en México y MERCOSUR. Una de las ventajas comparativas de México y MERCOSUR respecto a sus socios comerciales europeos reside en una oferta de mano de obra barata y en la penalización de la sindicalización, que permitiría la defensa de los derechos laborales. Por ejemplo, en 1997, mientras el costo por hora de la mano de obra en Estados Unidos era de 17.20 dólares (US), la media en la UE es de 12 dólares y en México tan sólo llegaba a $1.51 dólares . La agroindustria de exportación también ha respondido a la demanda con jornadas más intensas de trabajo y bajos salarios para competir en el ámbito internacional. Junto con la alta oferta de trabajadoras y trabajadores, esto ha contribuido al uso del contrato a destajo, que implica largos horarios y gran inestabilidad económica. En los casos de reconversión industrial, caracterizada por una alta incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, la tendencia a la masculinización de puestos laborales ya ha sido observada en Argentina y Brasil . Ello obedece al hecho que a medida en que el sector empresarial adopta formas de organización del trabajo que requieren polivalencia funcional de un determinado nivel técnico que las mujeres no poseen, éstas pierden sus antiguas «ventajas comparativas» (o sea la eficiencia y productividad en determinadas tareas manuales que exigen precisión y destreza) y tienden a ser reemplazadas por los hombres en las etapas más modernizadas del proceso productivo. 12 A partir de los casos estudiados y comentados en el documento matriz, se puede concluir que la revalorización de la mano de obra cualificada ha agudizado la segregación ocupacional de género así como la vulnerabilidad de la mano de obra femenina al no ser mayormente cualificada. En consecuencia, la situación social y laboral de las mujeres no ha mejorado de manera sustancial. Por el contrario, asistimos ahora a una nueva forma de segregación que facilitará en ciertos casos la capacitación de la mano de obra masculina para hacerla producir más y a menor costo y limita las posibilidades laborales de las mujeres, al no acceder a una capacitación que le permita competir en igualdad en el mercado laboral nacional.
Derechos entendidos en su definición más amplia (económicos, sociales, políticos, civiles, culturales) tal como han sido acordados en diferentes conferencias y convenios internacionales, promovidos por la ONU y la OIT. Ellos no deben ir en contra de estos acuerdos internacionales sino, por el contrario, deben tomar en cuenta el derecho de las personas a conseguir un mejor nivel de vida a través del trabajo y visualizar el comercio como un medio y no como un fin en sí mismo. Esta nueva concepción debe tener como prioridad el desarrollo humano y la equidad de clase y de género.
Hasta ahora, los acuerdos comerciales no han tomado en cuenta los derechos económicos y sociales de las mujeres y los hombres. En el caso de México y MERCOSUR, la violación de los derechos laborales es amplia, particularmente para las mujeres, quienes se enfrentan a la discriminación laboral, que limita sus posibilidades de acceder a empleos mejor pagados y a la capacitación. La violación de los derechos de las mujeres trabajadoras de las maquiladoras (pruebas de gravidez y acoso sexual) es un hecho documentado en México.
Si bien en el AMIC y MERCOSUR se menciona la conservación del medioambiente y la promoción de los derechos sociales fundamentales, la superación de las desigualdades de género es, no obstante, el gran ausente. La Declaración de Río de Janeiro, firmada en la "Cumbre" de Presidentes y Jefes de Estado de Europa y América Latina de junio de 1999, contiene una serie de referencias al respecto, en especial el artículo 15 que reafirma la plena igualdad de géneros como parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y donde los gobiernos se comprometen a incorporar una perspectiva de género en las políticas públicas de los países respectivos.
Las asociaciones empresariales no asumen la existencia de una discriminación de género, aún cuando en muchos casos se trata de una producción dominada por la mano de obra femenina y por la presencia mayoritaria de pequeñas empresarias. La producción industrial y ahora el comercio, especialmente destinado al mercado externo, continúan siendo consideradas o percibidas como actividades masculinas.
A través de capacitaciones y de presión política para la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos y programas implementados. Esto puede transformarse en una forma concreta de facilitar la presencia de los intereses de las mujeres en los procesos productivos vinculados a los acuerdos comerciales.
25. Apoyo a líneas de crédito y financiamiento para iniciativas productivas que promuevan un comercio justo y sean lideradas por mujeres emprendedoras. Referencias 1 WIDE (Network Women in Development Europe), CISCSA ( Centro de Investigación y Servicios Cono Sur Argentina) y GEM (Grupo Educación Popular con Mujeres ) 2 Estas consultas fueron realizadas a finales del año 2000 y reunieron un amplio número de ONGs que trabajan los temas de género, medio ambiente y desarrollo, académicos/as y representantes de los principales sindicatos de la región. 3 Las organizaciones coordinadoras de este proyecto (CISCSA, GEM y WIDE), han desarrollado, también, una serie de posibles indicadores publicados en un documento titulado "Instrumentos para la Equidad de Género en los acuerdos comerciales. Unión Europea, Mercosur y México" 4 Acuerdos cuyo objetivo es fortalecer las relaciones bi-regionales a través del diálogo político y la liberalización de intercambios comerciales. Son acuerdos firmados con la U.E. y ratificados por los Estados Miembros. Esto se debe a que hay componentes del Acuerdo como cooperación económica y al desarrollo, comercio, etc. que son competencia comunitaria, mientras que otros, tales como: diálogo político, inversiones, servicios, etc. son de competencia de sus estados Miembros. 5 Fechas: Para MERCOSUR, el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación fue firmado el 21 de diciembre de 1995. Con México: Acuerdo de Asociación Económica, Concertación política y Cooperación, firmado el 8 de diciembre de 1997. 6 Algunos ejemplos ilustran este punto en la sección 3, del Documento Matriz, asi como en el estudio de caso de la maquila en México, en el Anexo 1 del mismo. 7 Ayuda Oficial al Desarrollo. 8 Ambas consultas fueron realizadas en el marco del proyecto y en ellas participaron representantes de organismos civiles y sociales y más de 30 expertas/expertos que expusieron sus trabajos sobre diversos aspectos de los acuerdos comerciales. 9 Tratado de Libre Comercio Unión Europea - México 10 Buxedas, M., Aguirre, R., Espino, A., "Exclusión Social en el Mercado de Trabajo. El caso de Uruguay". OIT, Santiago, Chile, 1999. 11 Un ejemplo lo da el caso de aranceles especiales para las naciones más favorecidas (NMF) que presentan un rango de variación muy alto sobre el promedio de 9,3% (máximo 103), por lo que existe un conjunto de productos que poseen alta protección arancelaria, lo que se constituye en un obstáculo para el comercio- tales como jugos de fruta, fruta fresca, preparados de carne, extractos de café, pescado (enfriado y congelado). 12 Abramo, Lais. «Políticas de recursos humanos y modernización productiva». En: «El trabajo de las mujeres en el tiempo global». Todaro, R. y Rodríguez, R. (Editoras), Ediciones de las mujeres Nº22, Isis Internacional y Centro de Estudios de la Mujer (CEM), Santiago, 1995 ; Hirata, Husson y Roldán, 1995), Complete FN. |
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