Roxana Vásquez Sotelo [1]
Advertencia: Aún cuando pueda parecer obvio, considero importante precisar que esta es una reflexión que viene desde América Latina y desde la percepción de una militante feminista que ha tenido la oportunidad de poder participar desde hace muchos años en el movimiento feminista latinoamericano y del caribe, en particular en aspectos vinculados a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres. Por ello, seguramente, y a pesar de mis esfuerzos por conectar esta reflexión con otras, estas líneas reflejarán los énfasis, las preocupaciones y los vacíos siempre presentes en un punto de vista.
Michael Foucault une por primera vez los conceptos de ley, cuerpo y sujeto al señalar que las prácticas judiciales occidentales, (es decir, la manera en que las personas se arbitran los daños y las responsabilidades), definen formas de saber, tipos de subjetividades y relaciones entre el sujeto y la verdad. Al desarrollar su “arqueología” de los dominios del conocimiento y del discurso, Foucault encuentra que un cierto saber sobre la persona (si está dentro o fuera de la regla, si es “normal” o “anormal” nace de las prácticas sociales de control y vigilancia”), (editorial de la revista Debate feminista n° 19, abril 1999).
La primera reacción que me suscita el título del panel así como sus propósitos, es la invitación a trabajar cual alquimista en la elaboración de una poderosa fórmula que al desarrollar ciertas combinaciones, contribuya a colocar en su justo lugar aquellas bases imprescindibles que aseguren la ampliación, transformación y/ o profundización de la democracia. El término radical, tan desacreditado hace ya algún tiempo en varios países mi región, pero que personalmente tanto me gusta, alude para mí y para el diccionario, a entender los fenómenos desde la raíz, es decir desde su sentido sustancial, básico, y no desde el dogmatismo o extremismo, adjetivos que usualmente se han venido asociando a este término.
En efecto, “la democracia como construcción siempre desafiante”, ha visto transitar durante el siglo pasado, en particular durante su segunda mitad, la composición, recomposición, ampliación y fortalecimiento de movimientos sociales que colocan en el núcleo duro de sus reivindicaciones y propuestas, dimensiones no consideradas en las lógicas tradicionales de la política, como es precisamente la sexualidad como objeto de atención, enarbolando demandas frente a las prácticas excluyentes y discriminatorias, a la vez que reconociendo en la sexualidad y la reproducción un campo de derechos. Planteando una interrogación que nos devuelve como en un espejo a sujetos sexuados, que problematizan los límites al ejercicio de su sexualidad como objeto de malestar político y como reclamo para lograr un bienestar real e integral en sus dimensiones personalísimas como sociales.
Como señala María Bethania Avila en la fundamentación que hace sobre la importancia de este panel : “Entender la relación entre sexualidad, reproducción y producción como cuestiones que hacen parte de los planos simbólicos y materiales de las relaciones sociales de explotación y dominación, se convierte hoy en una exigencia analítica que trae la politización de las diferentes dimensiones del conflicto social reveladas precisamente por estos movimientos sociales”.
Como sabemos, el control sobre el cuerpo, la sexualidad y las capacidades reproductivas de las mujeres ha sido un tema de preocupación central del movimiento feminista tanto en sus desarrollos teóricos como en su práctica política. La ampliación de su comprensión respecto al control de todos los sujetos que se alejen de patrón ó norma heterosexual adulta, es también el resultado de una voluntad de diálogo entre y con otros movimientos, que también luchan activamente por la defensa de las libertades sexuales, la igualdad y no discriminación, me estoy refiriendo al movimiento gay, lésbico y a sus expresiones más recientes como movimientos GLBT y al movimiento de los y las jóvenes.
La diferencia sexual como campo de análisis y debate político, así como el de las identidades y las diversidades, ocupan hoy un lugar relevante en estas reflexiones. Mientras la diferencia sexual, señala Marta Lamas, “continúe siendo un principio ordenador en nuestra sociedad, hay que cuestionar cómo se usa para marcar la división entre lo público y privado, y también como se borra del discurso y la práctica políticas, (...) En un sentido biológico y simbólico la diferencia sexual no va a desaparecer, por lo tanto no podemos ignorarla pero tampoco podemos ponerla siempre por delante, pues puede resultar un freno o una limitación. Todas las diferencias de los grupos subordinados generan el mismo dilema: ignorar la diferencia lleva a una falsa neutralidad, pero centrarse en ella acentúa el estigma de la diferencia (...). Este dilema resume la contradicción entre las tareas que las feministas nos fijamos para hoy y la visión de sociedad que deseamos construir. ¿Cómo edificar una nación democrática en donde la diferencia sexual sea al mismo tiempo reconocida y relativizada?”, (Democracia e igualdad política y diferencia sexual, en Disensos, N.35, versión electróncia).
Volviendo a Foucault , el “registra un corte histórico decisivo entre el régimen sociopolítico anterior al siglo XVIII, donde el sexo existía como una actividad, y un régimen moderno, que arranca desde ese entonces hasta el día de hoy, en donde el sexo se establece como una identidad. Cuando en el siglo XVIII las pestes y las hambrunas empezaron a hacer desaparecer la población, las energías del poder se concentraron en mantener a raya a la muerte y se ocuparon de normar la vida: el sexo regulado aseguraba la reproducción de la vida. De esta manera se convirtió en algo esencial para el poder jurídico de la temprana Europa moderna: reaccionó defensivamente para preservar la vida y la armonía social, sobre la amenaza de la muerte y de la violencia, y operó negativamente, imponiendo límites, restricciones y prohibiciones”, (citado por Lamas, en Cuerpo, diferencia sexual y género, en debate feminista 10, 1994).
De otro lado, si acordáramos con Foucault “que las identidades sexuales son contingentes históricamente, es decir (...) que se tratan de construcciones culturales que proveen de tierra firme para un sentimiento compartido de pertenencia y de identificación”, y que hasta el día de “hoy no es posible concebir la identidad social de los sujetos sin una definición de su sexualidad. Es más, ésta sirve para colocarnos dentro o fuera de la norma, es decir de la normalidad”, (Cuerpo, diferencia sexual y género, Marta Lamas). La pregunta que inevitablemente aparece es: ¿debería ser la sexualidad un componente constitutivo de nuestra identidad, o debería desdibujarse hasta tornarse tan irrelevante para efectos políticos como ser vegetariano o carnívoro?
Alice Miller señala que “un marco para los derechos sexuales que incluye el reconocimiento de la identidad sexual, y también de la identidad homosexual, (...) también debe permitir que las personas sean libres de modificar o cambiar su identidad sexual sin perder derechos. Ella se pregunta: ¿será posible “deconstruir” y “defender” la identidad sexual al mismo tiempo? . A pesar de la importancia de documentar los abusos cometidos contra las personas por sus identidades homosexuales declaradas o imputadas, cualquier acción para incluir los derechos homosexuales dentro de los derechos humanos debe evitar definir artificialmente identidades homosexuales rígidas en nombre de la protección”. (Sexual no reproductivo: explorando la conjunción y disyunción de los derechos sexuales y reproductivos, en Derechos sexuales y reproductivos, CMP Flora Tristán 2001). La visión de la sexualidad como una dimensión fluida en la vida de las personas, que en el desarrollo de sus derechos evite definir artificialmente identidades rígidas en nombre de las garantías, es un asunto en el que sería necesario seguir ahondando.
Desarrollo y derechos humanos: cómo romper las dinámicas de centro – periferia: Sin embargo, tan necesario como profundizar, interrogarnos y debatir respecto de los retos conceptuales que enfrentan nuestras luchas y sus vinculaciones teóricas y políticas con las visiones de democracia y desarrollo, se hace imprescindible colocar las mayores energías en el diseño de estrategias que perfilen y nutran nuestras alianzas. Se hace imperativo trabajar por superar la fragmentación que nos debilita y que detiene o posterga la elaboración de plataformas diseñadas desde otra lógica de articulación. Si la lucha contra toda forma de discriminación es concebida ya, cuando menos discursivamente, como parte esencial de la ampliación de las capacidades ciudadanas y como una tarea imprescindible de todo proceso de democratización, ¿cómo logramos entonces articular este discurso: el de los cuerpos, la sexualidad, la reproducción al debate político de modo más certero?, ¿cómo influimos las visiones de desarrollo?, ¿ cómo fortalecemos su articulación en el discurso de los derechos humanos?
Las visiones y los conceptos de desarrollo que se vienen trabajando, inclusive aquellos que se enuncian desde una perspectiva con rostro humano, desarrollo humano, desarrollo como expansión de capacidades o desarrollo con equidad, persisten en una visión que continúa jerarquizando los problemas, en un tipo de lógica que yo calificaría de “centro – periferia”, o de otro lado, continúan presuponiendo causalidades insuficientemente demostradas, como p. e. que el bienestar económico será el punto de partida de la resolución de otros problemas de exclusión y subordinación. De otro lado, aún cuando las mujeres estamos cada vez más presentes en estos discursos, la concepción de ser humano que se maneja se sigue sosteniendo en un paradigma masculino, occidental, racional, “sin discapacidades” y naturalmente heterosexual. Es así que tanto los discursos que pueden considerarse alternativos al discurso economicista y hegemónico sobre el desarrollo, todavía no han incorporado los campos de la sexualidad y la reproducción -con la centralidad que merecen en la vida de los seres humanos-, no lo hacen ni en el punto de partida ni en el análisis de las conexiones y relaciones que nos permitirían incorporar estas dimensiones cómodamente desde una visión más amplia y comprehensiva del bienestar.
Un buen ejemplo de este desarrollo lo encontramos en los distintos enfoques sobre pobreza que no consideran p. e. la violencia sexual como un campo de miseria humana, ni abordan la maternidad forzada no toman en cuenta las muertes de miles de mujeres pobres que no pueden acceder a un aborto seguro ni se preguntan por la heterosexualidad compulsiva que condena a muchísimas personas a la infelicidad y a la clandestinidad. No lo incorpora ni como visión ni como percepción. Es peor, en el campo de las elaboraciones y disputas discursivas, resulta hoy todavía imposible imaginar que el discurso de la pobreza no sólo se engulla hasta trivializar el discurso del placer, sino que nuestros planteamientos sean inevitablemente desplazados y recolocados en la periferia, volviendo a hacer prevalecer la lógica del centro, “tomando en consideración la gravedad y la magnitud de aquello que se coloca como lo importante”. La posibilidad de establecer las conexiones y que éstas se tornen suficientemente convincentes y clarificadoras para diferentes públicos es un reto actual de nuestra agenda de democracia radical.
Como adelantábamos unas líneas arriba, en el campo de los derechos humanos nos encontramos también con una lógica muy semejante a la que hemos observado con relación a la del desarrollo. A pesar de los muchos aportes de la academia, de los avances interpretativos y de las propuestas que se han activado políticamente tendientes al reconocimiento expreso de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, (incluso en las conferencias del sistema de naciones unidas), sigue primando tanto en la doctrina como en la normativa internacional y particularmente en la práctica de las organizaciones de derechos humanos, la misma lógica de centro – periferia, que jerarquiza la importancia de los problemas y que desconoce en su práctica cotidiana, aquellos principios que tanto proclama, como son la indivisibilidad, la interdependencia y la integralidad de los derechos humanos.
Como sabemos, los conceptos de interdependencia e indivisibilidad suponen que no es posible establecer jerarquías entre estos derechos, ni subordinar el ejercicio de algunos en función de otros, también suponen que unos son condición para la realización de los otros. La conferencia mundial de derechos humanos (Viena, 93), oficializó su importancia y les dio fuerza y respaldo internacional, sin embargo, la revolución conceptual y política que significa hacer operar estos principios es de tal magnitud, que considero recién estamos comenzando a dar nuestros primeros pasos. La mayoría desconoce este enfoque central en materia de derechos humanos y tiende a seguir concibiendo los derechos como compartimentos estancos, pero incluso quienes venimos trabajando en estos asuntos, todavía no contamos con una visión suficientemente acabada que nos permita aprehender estas interconexiones y mucho menos con los instrumentos para operarla. De tal manera, que este sería un reto de tipo conceptual y estratégico de gran importancia.
Las agendas y las alianzas: A pesar de ello, no podemos desconocer que tanto el movimiento de derechos humanos, como muchos otros movimientos sociales, se han visto influidos por los efectos de algunas de nuestras propuestas y reivindicaciones en torno a la sexualidad y la reproducción, pero han sido definitivamente más sensibles a reconocer la violencia sexual o a defender la no discriminación por razones de orientación sexual, que la despenalización o legalización del aborto. Porque una cosa es aceptar la incorporación de algunos supuestos dentro de una lógica ya establecida, y otra muy distinta es replantear los términos de la discusión, con la finalidad de hacer una revisión y redefinición de tipo filosófico, ético, jurídico y político que revise las causas y consecuencias de la exclusión, la subordinación y la explotación. Que por ejemplo se pregunte por las características del sujeto paradigmático desde el cual se ha construido la noción de ciudadanía.
Pensar en la inclusión de los sujetos históricamente excluidos del pacto social moderno y del “banquete oficial” de la ciudadanía, contiene cuando menos dos aspectos centrales que toda agenda de derechos humanos y toda propuesta de desarrollo deberían comenzar a considerar: en primer lugar evaluar las posibilidades reales de inclusión de los y las excluidas en moldes que no fueron pensados para ellos y ellas, sus expectativas, experiencias, diferencias y necesidades, a la vez que plantearse las modificaciones sustanciales que su ingreso coloca respecto de las visiones o enfoques que manejamos con relación al Estado, la ciudadanía, la organización social, política y económica.
Estas consideraciones deberían desarrollarse tomando en cuenta la complejidad de nuestros contextos, en donde la idea de Estado mínimo resulta en la reducción de las responsabilidades estatales y acarrea la disminución general de las condiciones de vida para las mayorías. En donde advertimos rasgos fundamentalistas incorporados a la política, como resultado de las articulaciones de algunas jerarquías eclesiales con ciertos sectores de la clase política, y finalmente, en donde las diferencias étnicas, raciales y culturales obligan al diálogo y al reconocimiento de una diversidad que desde hace mucho pugna por la inclusión.
Revisar para demarcar las responsabilidades estatales que constituyen los marcos de garantía para la “ciudadanía expandida”, es un componente que debería contribuir a generar un enfoque dinámico de la interdependencia e indivisibilidad de nuestros derechos humanos.
Por todas estas consideraciones, resulta imprescindible apuntar al establecimiento de agendas y plataforma concertadas, tanto como avanzar en razonamientos de tipo estratégico que iluminen los procedimientos y métodos para alcanzarlas. Hemos logrado intervenciones exitosas, unas más incluyentes que otras, sin embargo aún nos hace falta lograr procesos y prácticas más sostenidas. Aspirar a la profundización y radicalización de una propuesta democrática incluyente, refundada, supondría desde los análisis de la realidad latinoamericana:
- el reconocimiento de la diversidad: cultural, sexual, étnica - racial, generacional, como un principio básico de la democracia. - la inclusión de principios de justicia redistributiva como parte sustancial de los nuevos pactos políticos y sociales. - la garantía de los Estados del cumplimiento de sus obligaciones en el marco de los acuerdos a los que llega a nivel interno y como parte de la comunidad internacional. - una revisión respecto de la oposición y jerarquización de esferas públicas y las privadas. - el análisis y la revisión de subordinación de las lógicas reproductivas respecto de las productivas. - la aconfesionalidad de los Estados. - Ello supone: la deconstrucción del sujeto paradigmático sobre el cual se construyó el pacto social moderno, la política, la ciudadanía, los sistemas jurídicos y las prácticas judiciales, y una reconstrucción que debería partir del reconocimiento de los nuevos sujetos políticos contratantes.
Seguir trabajando para evidenciar las lógicas y situaciones de exclusión y de injusticia, para demostrar los vínculos entre nuestros cuerpos, la política y la felicidad, así como los urgentes retos que estas nuevas demandas le plantean a las nociones y prácticas de la democracia, sigue siendo una de nuestras principales apuestas. Se necesita mucha fuerza, coraje y persistencia para hacerlo, necesitamos de todos y todas ustedes para lograrlo.
Lima, enero de 2004 [1] Feminista, abogada peruana, coordina actualmente la Campaña por una Convención de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos. Es integrante del CLADEM, Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres y dirige la ong peruana Demus.
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